La Asociación Nacional de Pequeñas Empresas y uno de sus afiliados han desafiado la constitucionalidad de la Ley de Transparencia Corporativa, alegando invasión de privacidad. 

 La Ley de Transparencia Corporativa (CTA, por sus siglas en inglés), recientemente adoptada en EE.UU. como un mecanismo contra el lado de activos y la evasión fiscal, ha abierto una batalla legal en el país en medio del debate que ha generado con respecto a la recopilación de datos sensibles de las sociedades y la presunta vulneración de la privacidad. Integro Advisers, firma especializada en cumplimiento normativo y gestión de riesgos, le cuenta los detalles del caso.

 La ley federal apunta a fomentar la transparencia a nivel corporativo, y obliga a las organizaciones a presentar reportes sobre sus beneficiarios reales o BOI, en inglés (Beneficial Ownership Information). No obstante, en el camino de su implementación ha encontrado distintas barreras legales y recientemente la ley ha sido declarada inconstitucional por parte de un tribunal de Alabama (National Small Business United v. Yellen, No. 5:22-cv-01448).

 La aplicación de la Ley de Transparencia Corporativa y el régimen de presentación de informes sobre beneficiarios finales ha sido un desafío luego de que un juez del Tribunal de Distrito de EE.UU. en Alabama fallara la inconstitucionalidad de la ley. Si bien el reciente fallo ha abierto interrogantes sobre la viabilidad de la CTA, es clave que las organizaciones cumplan con las reglamentaciones en tanto que estas se mantienen vigentes y así eviten multas que pueden ir desde los US$500 hasta los US$10.000 e incluso implican penas de prisión.

 “La decisión de Alabama no debe ser vista como la invalidación del CTA y no debe servir como motivo para no cumplir con el CTA, que permanece en pleno vigor”, dice Alberto de la Portilla, CEO de Integro Advisers.

 ¿Cuáles son los orígenes de la demanda contra la Ley de Transparencia Corporativa?

El caso se remonta a una demanda realizada en noviembre de 2022 en contra de la la CTA por parte de la Asociación Nacional de Pequeñas Empresas (NSBA, por sus siglas en inglés), que representa a unas 65.000 compañías,  e Isaac Winkles. Sus principales argumentos se centran en que la CTA exige la divulgación de “información personal sensible a FinCEN (Red de Control de Delitos Financieros) con fines policiales” y por tanto se corre el riesgo de violar la protección de la privacidad al suministrarse información de carácter personal.

En 2022, los demandantes solicitaron una orden judicial para frenar la aplicación de los informes sobre beneficiarios reales y a comienzos de 2023 pidieron un juicio sumario. En respuesta, el tribunal terminó aceptando su moción en marzo de este año, denegado las intenciones del Gobierno de desestimar esta medida, y posteriormente emitió una orden judicial contra la adopción de CTA, pero específicamente en el caso que involucra a NSBA e Isaac Winkles.

El fallo en Alabama contra la Ley de Transparencia Corporativa

El juez Liles C. Burke falló que la CTA  “excede los límites de la Constitución sobre el poder legislativo”, a pesar de que el Gobierno de EE.UU. defiende que la ley está dentro de los poderes del Congreso. El juez considera además que la ley “no tiene suficiente conexión con los poderes enumerados en ella para ser considerada un medio necesario para los objetivos del Congreso en asuntos de política”, informó Reuters. 

El fallo, además de marcar un precedente sobre la aplicación de estos instrumentos, abre varias interrogantes jurídicas en el país, en la medida en la que se impide a la Red de Control de Delitos Financiero (FinCEN, por sus siglas en inglés) aplicar la ley contra los demandantes en ese caso. No obstante, y dado que no se trata de una orden judicial nacional, el régimen se mantiene vigente para las demás sociedades. 

Lo más reciente hasta el momento de este caso es que el Departamento de Justicia presentó un aviso de apelación el pasado 11 de marzo y el proceso sigue en curso. 

Los detalles de Ley de Transparencia Corporativa: ¿qué implica y quiénes deben cumplirla?

Dicha ley fue aprobada por el Congreso estadounidense como un instrumento para fomentar la lucha contra el lavado de activos en el país y evitar otros delitos financieros por parte de entidades legales estadounidenses como extranjeras que operan en EE.UU. Los alcances de la ley implican diversas estructuras empresariales como Corporations (C Corp o S Corp), la Sociedades de responsabilidad limitada (LLC/ LLP), los fideicomisos comerciales, entre otros. 

Con la Ley de Transparencia Corporativa, las entidades legales formadas en EE.UU. comenzaron a reportar sus beneficiarios finales a FinCEN. 

De acuerdo a FinCEN, las empresas que se han establecido antes del 1 de enero de 2024 tienen plazo hasta el 1 de enero de 2025 para presentar sus informes iniciales, mientras que aquellas creadas o registradas después de esa fecha tendrán 30 días a partir de su establecimiento o registro para hacerlo. 

A efectos de la ley, se define como un beneficiario efectivo a “cualquier individuo que, directa o indirectamente, ejerza un control sustancial sobre dicha empresa informante o posea o controle al menos el 25% de los intereses de propiedad de dicha empresa informante”. 

La CTA es un resultado de los esfuerzos de la Ley Contra el Lavado de Dinero de 2020 (AMLA, por sus siglas en inglés), que busca combatir un flagelo que cada año representa hasta un 2,7% del Producto Interno Bruto mundial, de acuerdo a un reporte de Panel FACTI. 

En EE.UU, según un reciente informe del Departamento del Tesoro, en la actualidad “los delincuentes utilizan técnicas de lavado de dinero tanto tradicionales como novedosas, según la disponibilidad y la conveniencia, para mover y ocultar ganancias ilícitas y promover actividades delictivas que dañan a los estadounidenses”. 

En Estados Unidos, persisten diferentes riesgos relacionados al lavado de dinero, de acuerdo al reporte 2024 National Money Laundering Risk Assessment, del Departamento del Tesoro estadounidense. Estos incluyen:

• El abuso de entidades legales
• Opacidad en transacciones inmobiliarias
• Participación de comerciantes y profesionales en actividades ilícitas bajo complicidad 

El paquete de medidas contenidas dentro del CTA se considera uno de los mayores avances de EE.UU. en esa materia en este siglo luego del Patriot Act de 2001, que apunta a contrarrestar el financiamiento del terrorismo (CFT) y las acciones terroristas mediante el lavado del dinero. No obstante, los antecedentes de estas medidas se remontan por lo menos a 1986 con la Ley de control de blanqueo de capitales, que tipificó este flagelo como delito federal. 

La asesoría legal, así como el soporte en cumplimiento normativo y gestión de riesgos serán claves para poder navegar en medio de los cambios regulatorios a los que se enfrentan las organizaciones en la actualidad, en medio de un panorama en el que los países compiten también por ser jurisdicciones cada vez más blindadas al flagelo del lavado de activos, la evasión fiscal y otros delitos financieros que van al alza. 

“La decisión de Alabama no debe ser vista como la invalidación del CTA y no debe servir como motivo para no cumplir con el CTA, que permanece en pleno vigor”, dice Alberto de la Portilla, CEO de Integro Advisers.