En marzo de 2025, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió una actualización de la Orden de Apoyo Geográfico (GTO) que redujo drásticamente el umbral de reporte para las transacciones en efectivo, pasando de $10,000 a $200 para los negocios de servicios financieros (MSB, por sus siglas en inglés) que operan en 30 códigos postales a lo largo de la frontera de EE. UU.-México. El momento y el alcance de este cambio subrayan el enfoque agresivo de la administración Trump para combatir el narcotráfico y el lavado de dinero por parte de los cárteles mexicanos. También introduce desafíos de cumplimiento para los operadores de remesas y, sin duda, interrumpirá los flujos financieros críticos hacia las familias de América Latina.

Bajo la nueva GTO, los MSBs en las regiones seleccionadas deben presentar Informes de Transacciones en Efectivo (CTRs, por sus siglas en inglés) para cualquier transacción en efectivo que supere los $200. Se espera que esto genere un aumento considerable en la cantidad de eventos reportables para aquellos que operan cerca de la frontera, donde los montos promedio de las remesas suelen oscilar entre los $250 y los $500.

Como explicó Manuel Orozco, Director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo en el Diálogo Interamericano, en un reciente podcast de Integro Talks: “Hay una gran concentración de migrantes en California y otros códigos postales. El umbral de $200 podría afectar al menos el 20 por ciento de las transferencias de dinero salientes”.

Este nuevo requisito impone una carga operativa pesada a los MSBs, particularmente aquellos con infraestructura de cumplimiento limitada, y plantea dudas sobre la proporcionalidad y las posibles consecuencias no intencionadas.

Aunque el programa GTO de FinCEN existe desde 2014, esta actualización más reciente parece estar alineada con la estrategia más amplia de la administración Trump de designar a los principales cárteles de drogas como amenazas a la seguridad nacional. La administración ha declarado su intención de redirigir las herramientas de cumplimiento y aplicación (como FinCEN y OFAC) hacia el desmantelamiento de las operaciones financieras de las organizaciones criminales transnacionales.

Sin embargo, Orozco advierte que no se deben sacar conclusiones técnicas a partir de las narrativas políticas. “Para realizar una transacción financiera ilícita utilizando las [nuevas] reglas de transferencia de dinero, sería muy costoso. El monto promedio de lavado de dinero es superior a los $50,000. Es muy contraproducente”.

Para los MSBs que operan en las zonas objetivo (California y Texas), la GTO significa más que solo papeleo adicional e implica un verdadero riesgo en términos de preocupaciones sobre la privacidad de los datos con un aumento en la captura de datos de los clientes; la presión operativa por un mayor volumen de reportes; y el riesgo reputacional en comunidades que pueden percibir la sobre-regulación como una forma de vigilancia.

“Hemos visto cómo el cambio regulatorio rápido, especialmente si apunta a una geografía o demografía específica, puede aumentar la incertidumbre y exponer brechas en los procedimientos de diligencia debida”, afirma Alberto de la Portilla, fundador de Integro Advisers. Un enfoque reactivo ya no es suficiente para mantenerse al día con la volatilidad política, dice él.

Si bien los reguladores buscan atacar las finanzas ilícitas, los beneficiarios legítimos de las remesas (muchos de los cuales dependen de estas transferencias como su principal fuente de ingresos) podrían quedar atrapados en el fuego cruzado. Según Orozco, países de América Latina como Guatemala, El Salvador y Nicaragua dependen de las remesas para hasta el 30% de su PIB. “Una disminución de 50,000 transacciones al mes significa que 50,000 hogares no recibirán dinero”, dice. “Eso es un impacto en la economía local”.

Además, el temor generado por la aplicación agresiva puede hacer que los migrantes retrasen o reduzcan las transferencias, creando problemas de liquidez en los mercados locales y exacerbando la desigualdad social.

Mirando Hacia el Futuro: Preparación para el Riesgo en un Entorno Politizado

El entorno de las remesas en 2025 es uno en el que el cumplimiento y la política exterior están cada vez más entrelazados. Entre las tensiones arancelarias, las órdenes de deportación masiva y las regulaciones de vigilancia, los MSBs deben actuar rápidamente para actualizar sus políticas y procedimientos o arriesgarse a quedarse atrás. A medida que surjan nuevas actualizaciones regulatorias, y la administración afine su enfoque en los flujos de remesas, las organizaciones deben mantenerse ágiles e informadas.

El umbral de reporte de $200 de FinCEN es una llamada de atención para la industria de las remesas. Para los MSBs, esto significa avanzar más allá del cumplimiento mínimo hacia una gestión estratégica del riesgo. Con las herramientas adecuadas, la orientación y la previsión, los proveedores de remesas pueden enfrentar este desafío y seguir brindando servicios esenciales a millones de personas a través de las fronteras.

Integro Advisers ayuda a los MSBs y las instituciones financieras a navegar los nuevos riesgos con confianza ofreciendo:

• Actualizaciones completas de programas AML/CFT adaptadas para MSBs.

• Pruebas de sistemas de monitoreo de transacciones para asegurar su correcta calibración con los nuevos umbrales de reporte.

• Capacitación del personal y actualizaciones de políticas para asegurar el cumplimiento de extremo a extremo.